Las tierras del Volcán Chichonal

La primera referencia histórica de la existencia de las tierras del Volcán remite a un documento escrito por Don Toribio de Cossío, caballero de la Orden de Calatraba, dirigido a la Audiencia General de Guatemala en septiembre de 1710, en la que el Obispo de Chiapas manifiesta las incomodidades de los habitantes de Magdalena Chica ocasionados por los constantes temblores en la zona, la cual, obligó a los zoques a desplazarse hacia Magdalena Grande, distante a una legua en alto. (Orozco Jiménez, 1908: 58).

Desde tiempos inmemoriales, los habitantes parecían comprender la naturaleza del cerro, pues reconocían en él un lugar “encantado” al que denominaban “Tzitzun Cotzak”, origen de algunas creencias relacionadas a una mujer mítica llamada Piowechuwe, a la que consideraban, dueña del volcán. (Vease, a Baez-Jorge, 1985).

De ahí que, los zoques contemporáneos afirmaran que las “poblaciones antiguas” habían sido sepultadas por ceniza volcánica, situación que comprobaban al remover la tierra de sus trabajaderos a más de un metro de profundidad, incluso, algunos utensilios usados por los “antiguos” estaban enterrados. (Alonso Bolaños, 2011: 127).

La creencia se confirma con las estimaciones de los expertos, quienes afirman que hacia 1853 se había registrado un evento volcánico, produciéndose la extrusión de material piroclástico que cayó en forma de lluvia, llegando los fragmentos líticos hasta el poblado de Chapultenango, situado a 13 kilómetros del volcán, haciendo que la gente abandonara el lugar (Canul-Dzul, 1983: 18), lo cual, posiblemente motivó que la zona quedara despoblada hasta  principios de la segunda década del siglo XX, cuando los zoques volvieron a ocupar las tierras bajas de las márgenes del Río Susnubac.

Fueron los trabajos exploratorios del geólogo alemán, Friederich Karl Gustav Mullerried iniciados en 1928 que reiteraron la creencia zoque en relación al cerro, quien tras estudiar la zona concluyó -cinco años después- que, en efecto,  El Chichón era el único volcán activo en el sureste de México, ubicado entre los ríos Sayula y Platanar (Mullerried, 1957: 58).

La presencia  del geólogo había sido motivada por los constantes rumores de la población zoque sobre una supuesta erupción, luego de que un indígena se había quemado parte de la pierna al hundirse en uno de los agujeros solfatáricos. (Cervantes-Borja, et al, 1983: 102).

A la par de las exploraciones científicas, las familias zoques que habitaban las márgenes del río Susnuvac y en los barrios de Chapultenango comenzaron a expandir su frontera agrícola hacia el cerro del “Tzitzun Cotzak” provocados por diversos movimientos ocurridos en la región, según algunas versiones orales.

Los testimonios de Filiberta Domínguez Gómez (Ixtacomitán, 2010) confirman  la situación que privó hacia la primera y segunda década del siglo XX. Refiere que sus abuelos trabajaban tierras cercanas al río Susnubac, mucho antes del reparto agrario, mientras que, Jacinta Gómez, de 86 años asentada en Rayón recuerda que su madre Sergia Sánchez, tuvo que huir a las montañas durante la revolución, pues eran común que los rebeldes se robaran y violaran a las mujeres. En la época de la “quema de santos” de Garrido fueron reconcentrados por órdenes del gobierno en Chapultenango. (Entrevistas, 2011).

Estos hechos registrados en Chapultenango a partir de 1911, como el paso de los rebeldes zapatistas, quienes saqueaban casas y robaban animales domésticos; la rebelión delahuertista de 1923 en Pichucalco y finalmente, la política anticlerical impulsada por el Gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal,  parecen explicar una primera causa del éxodo de las familias zoques hacia las tierras del Volcán, principalmente desde 1916, (Vease,  Ortíz Herrera et al, 2009: 290). Una segunda causa obedece a la motivación del auge del reparto agrario en el país, iniciado con mayor fuerza a partir de la tercera década del siglo XX.

De ahí que, el censo levantado por el Gobierno de la República el 15 de mayo de 1930 encontrara a un grupo de  familias  con posesiones de tierras y caseríos dispersos sobre las márgenes del río Susnubac, a la que en su conjunto denominaban Ranchería Susnubac (INEGI, 1930), tierras que se encontraban muy cercanas al cerro del Tzitzun Cotzak.

Una versión diferente es la que sostiene Báez-Jorge (1975: 165),  quien afirma que el éxodo hacía las nuevas tierras se hizo por grupos familiares pertenecientes al mismo barrio [del poblado Chapultenango], manteniendo así su identidad corporativa: la gente de los barrios de Yumiwindok se fueron a Guadalupe Victoria y Esquipulas Guayabal; el Carmen Tonapak fue fundado por 15 familias del Cusomo...”

No obstante la ocupación de tierras sobre la ribera del rio Susnuvac, es a partir de la década de los treinta, cuando asesorados en muchos casos, por los propios kirawa (ladinos) que controlaban el poder político en Chapultenango, las familias presentaron ante las instancias agrarias -  en ese entonces Comisión Agraria Mixta dependiente del Departamento de Colonización (Hoy Secretaría de la Reforma Agraria)- los trámites de solicitud de dotación de tierras para satisfacer sus necesidades agrarias, no sin antes, enfrentar verdaderas atrocidades y resistencia por parte de los caciques regionales, como el asesinato del agrarista Angel Varela (Baéz-Jorge, 1985).

Pese a ello, fundaron los núcleos agrarios sobre las tierras nacionales cercanas al Volcán, mismas que de acuerdo con el botánico tabasqueño José Narciso Rovirosa Andrade no despertaban “ninguna ambición de los habitantes [ladinos], porque allí se hace difícil, sino imposible, el cultivo de cacao” (Secretaría de Fomento, 1886: 93).

Es quizá esta visión colonizadora de las tierras manifestada  a través de la producción del cacao que los zoques fueron confinados y empujados  hacia  las tierras “menos productivas” y de difícil acceso durante el proceso del reparto agrario en la región, comprendido éste de 1951 hasta 1982, en la que, el Gobierno dotó a de 17 miles de hectáreas de tierras de propiedad social con  17 acciones agrarias para beneficiar a las familias campesinas de Chapultenango.

Durante todo el reparto, las instancias agrarias siempre respetaron las tierras de uso privado de las haciendas y ranchos como Sonora,  La Asunción y La Alianza, principalmente, y solo algunas acciones agrarias ubicadas en Francisco León fueron afectadas parcialmente.

En otros casos, las propiedades fueron amparadas por las autoridades agrarias por medio de los certificados de inafectabilidad como el caso de La Alianza (Ascencio Franco, 2009) o con la modificación del plano proyecto de dotación como el caso del núcleo agrario Esquipulas Guayabal  para no afectar a las fincas, como los casos de San Antonio y Montevideo, en virtud de que eran de explotación ganadera. (DOF, 1951). Hubo, una protección hacia las tierras ganaderas, especialmente, a los pequeños propietarios.

Las tierras estaban dedicadas principalmente a la agricultura y a la ganadería, tanto en la propiedad privada como en la social.

Reformas estructurales y lecciones desde el territorio zoque de Chiapas

Este texto habla sobre las discusiones públicas que se llevan a cabo en algunas localidades rurales de Chiapas en un escenario de reformas estructurales emprendidas por el gobierno nacional en materia educativa y energética, principalmente. Aparentemente, ambos temas fueron debatidos pero sólo en ciertos círculos (expertos, empresarios, líderes de opinión etc.) y no en el conjunto de la población, de tal suerte que, existe una especie de post-debate, es decir, la discusión del tema una vez que el programa está en marcha. De manera adicional, este texto muestra cómo la población percibe al Estado y crea sus propios canales de información para debatir asuntos públicos como respuesta al escaso proceso de deliberación en la construcción de las políticas públicas del país.

El modelo ideal, según Majone
Giandoménico Majone (1989), proponía que en un modelo idealizado de gobierno democrático uno de los aspectos fundamentales en la elaboración de políticas (como la ley educativa) era institucionalizar la discusión, es decir, fomentar el debate abierto donde cada una de las partes presentará argumentos en favor y en contra como una forma de exponer problemas y formular soluciones. La discusión o el debate de los temas públicos debería ser parte de un largo proceso de deliberación para la construcción de la agenda gubernamental con el fin de aumentar la eficacia de los programas públicos.

En el modelo ideal, las políticas públicas debían iniciar con el proceso de deliberación pública de los problemas; luego los candidatos y los partidos recogerían los temas en sus plataformas políticas para que sean los electores quienes definan mediante sus votos tal o cual programa; posteriormente la mayoría legislativa traduciría los programas en leyes o decretos, y finalmente, el jefe del ejecutivo y su gabinete discutiría las políticas específicas, es decir, las soluciones finales más eficaces de acuerdo al contexto.

En nuestro país sabemos que el ciclo de las políticas públicas no se aproxima ni remotamente al “modelo ideal” discutido por Majone, por el contrario, en los programas como La Cruzada Nacional contra el Hambre y en las reformas a la Ley General de Educación y en la Reforma Energética (por ejemplificar algunos) imperaron la opacidad y la verticalidad en su diseño. La discusión de las reformas apenas pasó por ciertos “líderes de opinión”, empresarios (Mexicanos Primero) y medios de comunicación una vez que un grupo de “expertos” analizó y discutió los aspectos técnicos del programa. En estos tipos de programas, la intervención del legislativo se centra en aprobar fast track las iniciativas o decretos, sin mayor margen de debate y discusión.

La práctica más recurrente en la discusión de temas públicos relevantes es crear “foros municipales, regionales, estatales o nacionales” a modo, que en el discurso alientan procesos de consultas a los pueblos, aparentemente “participativos”. Todos sabemos que impera el “decisionismo” que no es más que – en palabras de Judith Shklar (1964) – “la visión de un número limitado de actores políticos que tratan de hacer elecciones calculadas entre alternativas claramente concebidas”, de tal suerte que, discutir las políticas públicas (programas o proyectos) no es un asunto prioritario dentro del gobierno o como bien dice Nora Rabotnikof (2010) lo público “fue y sigue siendo una convocatoria frente a un Estado colonizado por los intereses privados, frente a una práctica estatal atrincherada en el secreto”.

Frente al atrincheramiento del Estado por negarse a discutir y debatir los temas públicos – como las reformas constitucionales en materia energética y educativa – los pueblos y los movimientos sociales crean sus propios debates y discusiones públicas con la suficiente o escasa información que poseen, tales argumentos dan cuenta, no solo del hartazgo hacia la clase política, sino anticipan que las reformas traerán pocos beneficios en el futuro es decir, hay conocimiento popular de que las actuales decisiones públicas no llevarán a buen camino al país. Las discusiones reafirman las percepciones sobre la corrupción y el actuar de los funcionarios y las instituciones. Estas percepciones recuerdan el trabajo etnográfico de Akhil Gupta en la década de 1980 en un pueblo del norte de la India donde por las tardes los hombres y las mujeres se reunían después de trabajar para conversar principalmente sobre la corrupción del Estado, es decir, la forma en que los ciudadanos establecen su relación con el gobierno.



Lecciones desde Rayón, Chiapas

Rayón, conocido antiguamente como San Bartolomé Solistahuacán, es un municipio del norte de Chiapas (Sureste Mexicano) de apenas 6,000 habitantes. La extensión territorial no rebasa las 9,000 hectáreas. Sus tierras accidentadas y frías son trabajadas por zoques, tsotsiles y mestizos. Justo ahí se encuentra la Selva Negra, un bosque de niebla reducido por la ganadería, tanto que para visibilizar el problema de la modernidad, el artista visual zoque Saúl Kak y Charles Fairbanks se inspiraron en este bosque de niebla para dar título al filme The modern jungle, recientemente estrenado en el Festival de Cine en Nyon Suiza.

Además de su paisaje natural, sobresalen las desigualdades en la tenencia de la tierra, la inequitativa distribución de la riqueza y relaciones asimétricas de poder. Un campesino de Rayón puede tener menos de una hectárea de tierra para sobrevivir junto a su familia mientras que un ganadero del mismo lugar puede concentrar hasta 40 hectáreas sean propias o rentadas para introducir ganado. Es sabido que el poder político en Rayón –al igual que en muchos municipios de Chiapas – transita de familia en familia y de generación en generación.

El domingo 10 de julio, un grupo de jóvenes zoques (Saúl Kak, Rigoberto Avila y Vidal Estrada Gómez, comisariado ejidal) invitaron a un grupo de personas a reflexionar sobre el impacto de las reformas estructurales de México en la población rural e indígena. Fue una invitación abierta y pública a la que asistieron mujeres, adultos mayores, profesores, ex líderes ejidales y líderes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). El objetivo- según los organizadores- era informar y reflexionar sobre el impacto de las reformas estructurales en el área zoque del norte de Chiapas. Un territorio sumido en la pobreza y en la desatención del Estado pero centro de atracción para empresas privadas por su riqueza en petróleo, minas, agua y paisaje natural.


El punto de encuentro fue la casa ejidal de Rayón, un pequeño espacio techado de láminas donde 245 ejidatarios se reúnen cada mes para discutir los problemas del ejido. En uno de los pasillos de la casa ejidal los organizadores recurrieron a las fotografías alusivas a Nochixtlán Oaxaca para informar sobre los acontecimientos recientes en la lucha magisterial. Otros datos se referían a las instituciones públicas privatizadas en los últimos años (Ferrocarriles, televisoras, ingenios azucareros, telefonía, etc). Había leyendas de apoyos a la CNTE y su lucha por abrogar la Reforma Educativa.

Durante casi dos horas, los invitados hablaron sobre la construcción histórica de la región, el movimiento magisterial y la campaña de desinformación en los medios de comunicación tradicionales y el recuento cronológico de las reformas de ajuste estructural emprendidas en México desde 1990. Al finalizar las exposiciones correspondieron las intervenciones abiertas. Una de las primeras posiciones de un asistente fue sobre el futuro del país, como anticipando lo que nos espera:

“Que ya no nos vengan a dar atole con el dedo, llego el tiempo de que el pobre tiene que despertar. Tenemos que abrir los ojos. Que los grandes empresarios no nos vengan a comprar nuestro territorio, vamos quedar en la esclavitud y ¿Quiénes los van a pagar?. Triste y lamentablemente, sus nietos son los que van a sufrir, esos son los que van a venir a sufrir más sino le ponemos un hasta aquí.”

Un ex líder agrario recordó las luchas campesinas pasadas durante las movilizaciones de la década de 1990 cuando se modificó el artículo 27 Constitucional para dar fin al reparto agrario y permitir la inversión privada en las tierras ejidales. Esta intervención puso en marcha el intercambio de experiencias pasadas como una forma de transmitir el conocimiento previo:

“Conocemos de la represión de los movimientos sociales como cuando fue la lucha del artículo 27 constitucional nos opusimos al PROCEDE, participamos en las marchas nacionales, sabemos de eso”.

Otros asistente, al tomar la palabra hizo énfasis en la carencia de información en las comunidades rurales sobre la lucha magisterial y sobre cualquier asunto de interés público. No obstante, ellos buscan la forma de “estar enterados de este asunto”. La percepción es que el flujo de información alcanza a pocos pero es a partir de esta escasa información que logran comprender las inercias de las alianzas Estado-empresarios-medios. Un líder ejidal dijo que prefieren informarse de manera directa con los actores involucrados:

“Mi esposa me trajo aquí porque iba a venir un representante de la CNTE que nos va a informar sobre lo que está pasando. Nosotros queremos saber de viva voz. Dicen que la ley 3 de 3 fue vetada pero ¿cómo es posible que a una minoría le hacen caso el gobierno, y una mayoría no le hacen caso? ¿qué pasa?.




Otro asistente expresó los conflictos originados por el propio gobierno como el caso de la disputa agraria en Chapultenango sobre las tierras del Volcán Chichonal. El asunto pone de manifiesto la percepción que los campesinos tienen sobre el gobierno como motivador de conflictos intra-étnicos:

“Desde 1998 se inició una guerra que la misma Procuraduría Agraria armó contra los campesinos. Apenas en este mes de junio, la sentencia se notificó a favor de los ejidatarios. Creanme que nos llevó 20 años luchar, y ¿Quién fue el principal actor?. La Procuraduría Agraria porque dio certificado parcelarios [aún que] había una resolución presidencial. Creanme que es una tristeza lo que el gobierno está haciendo, sin embargo, pienso que no estamos vencidos”.

Todo ello nos remite a pensar que existe una creciente preocupación de la población local por los temas públicos, particularmente sobre aquellos que les afecta directamente como salud, educación, ambiente y territorio. Lamentablemente estas preocupaciones y movilizaciones surgen una vez que los proyectos y los programas están en marcha o bien, una vez que están institucionalizados en decretos y leyes. Frente a ello, surgen resistencias locales y es cuando el tema nuevamente se pone en el centro del debate o en el post-debate[2].

Las lecciones de Rayón nos permiten entender que ante la ausencia de espacios para los debates o deliberación de asuntos públicos por parte del Estado, los actores locales construyen sus propios lugares de reflexión, debate y análisis donde se tejen los imaginarios y la relación con el gobierno, siendo estos espacios de deliberación las asambleas ejidales y las reuniones donde se intercambian información, se recrean las luchas locales pero también donde se debaten los temas para reorientar los asuntos públicos como un primer paso para la acción colectiva.

[1] Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas.

[2] El término post-debate se usa aquí para expresar que la deliberación de los temas públicos ocurre una vez que están en marcha los proyectos o los programas y no cuando estos se encuentran en fase de diseño o argumentación como plantea Giandoménico Majone (1989).al.