Con diversos amigos he venido presentando mis argumentos y puntos de vista sobre la importancia de construir los concensos necesarios para elaborar una agenda que sirva de plataforma para establecer una política de comunicación en el estado de Chiapas.
Si bien todos los temas sociales (pobreza, salud, educación, turismo, infraestructura) tiene su propia agenda política enmarcados todos dentro del Plan Estatal de Desarrollo, el gran ausente, me parece que sigue siendo, el tema de comunicación y su relación con el Gobierno y la Sociedad.
Es de vital importancia que en la entidad se construyan los concensos para definir una política pública en este materia, debido a la importancia que cobra en el desarrollo de la vida ciudadana de una entidad como Chiapas y más aun, que los tiempos globales exigen reglas claras en el campo de la modernidad, la gobernabilidad y la democracia.
Los puntos de vistas sobre los temas que contiene la agenda, sin duda, serán motivo de discusión, polémica, debate o diferencias conceptuales, pero la idea generalizada es alcanzar puntos de coincidencias para establecer nuevas reglas en materia de comunicación que permitan no solo al Gobierno, sino principalmente a la ciudadanía tener nuevas herramientas en materia de comunicación.
Porqué la agenda de medios
Actualmente, al igual que en el resto del país, no existe una visión y una estrategia integral enfocado al desarrollo de los Medios de Comunicación y sus alcances como una política de Estado. Chiapas, en ese sentido, carece totalmente de ello.
La agenda que se plantea de manera general que, todos los temas y sus posibles alcances sean discutidos entre ellos:
El papel de los medios en la gobernabilidad o la relación
Prensa-Estado;
La legislación y posibles reformas al marco legal vigente;El papel de la TV oficial como medio público (Caso Sistema Chiapaneco de Radio y TV);
El derecho de acceso a la información en Chiapas;
El impulso a la Sociedad de la Información en la entidad.
Los temas son extensos y discutibles, sobre todo, por que cada uno de estos puntos conlleva a asuntos particulares y polémicos como el secreto profesional, códigos deontológicos y éticos, libertad de prensa y expresión, despenalización del delito de difamación; la posible incorporación del sector privado a un medio público; la relación perversa Gobierno-Editores; el uso discrecional de la asignación de publicidad institucional o propaganda en medios impresos; la imagen del ejecutivo como ente publicitario, entre otros.
En este sentido, en breve estaré en condiciones de plantear las líneas de acciones generales para alcanzar los concensos y las consultas a especialistas en comunicación, legislación, investigación de medios y políticas públicas, académicos, entre otros, para que la agenda final sea un documento base suficientemente discutido que pueda traducirse en un plan estratégicos para los próximos gobiernos.
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